EL IMPUESTO INVISIBLE A LA CLASE MEDIA
La debilidad institucional y la ausencia de rendición de
cuentas operan hoy como un impuesto regresivo e invisible sobre la clase media chilena.
Mientras los sectores vulnerables reciben transferencias directas y las élites
corporativas despliegan blindajes financieros, el motor profesional y técnico
financia el aparato estatal con una rentabilidad social mínima.
La resistencia de las cúpulas gobernantes a implementar sistemas consolidados de control (automatizados, transparentes y basados en datos) en Gobiernos Regionales y Municipios no es una falencia técnica; es una decisión política deliberada para preservar la discrecionalidad en la asignación de fondos públicos.
Si bien existen indicadores de gestión, tenemos serios problemas en la calidad, pertinencia y uso real de esas mediciones. En Chile, el vínculo entre el resultado de estas evaluaciones y la asignación presupuestaria está roto. El Estado mide y reporta de manera masiva; sin embargo, se evade la rendición de cuentas (accountability) basada en el retorno social o en la transformación real que esas políticas generan. Es, en este contexto, que el poder político sustituye la eficiencia por
una burocracia de trámites redundantes que erosiona la productividad de
autónomos y microempresarios, forzándolos a gastar su tiempo gestionando las
ineficiencias del Estado en lugar de innovar.
Esta opacidad fiscal desata una doble tributación de facto.
El ciudadano vende su talento a cambio de un ingreso fuertemente gravado, bajo
la promesa democrática de recibir bienes estatales de alta calidad. Sin
embargo, la falta de medición del impacto de la inversión fiscal en la
descentralización de los recursos licúa este esfuerzo.
Sabemos que financiar esta expansión ineficaz del gasto
público empuja a los gobiernos a la tríada del ahogo económico: aumento de
impuestos, emisión o endeudamiento. Como consecuencia, la inflación devora el
salario real, los tributos merman el ahorro y las altas tasas de interés
restringen el acceso al crédito y a la vivienda. El presupuesto se vuelve una
caja negra y los profesionales y trabajadores sienten que mientras aceleran el
esfuerzo, su calidad de vida retrocede.
Este escenario sitúa al centro político chileno en una
encrucijada crítica. Históricamente posicionados como árbitros —desde la
Democracia Cristiana hasta referentes actuales como Demócratas o Amarillos —, estos
partidos políticos, enfrentan un severo declive estratégico debido a la
polarización afectiva y al auge de liderazgos firmes. Su error fundamental es
priorizar las alianzas de cúpula y el reparto de cuotas de poder sobre la
bandera que la clase media exige con urgencia: la eficiencia del Estado. Al no
abanderar de forma agresiva la modernización institucional, el centro devino en
un actor invisible y transaccional, alienando a un votante desafecto bajo el
voto obligatorio.
Estratégicamente, su atomización en micropartidos aceleró su
irrelevancia legislativa y activó el riesgo de disolución ante el Servel.
Incapaz de ofrecer un control gerencial, el centro cedió el malestar de la
clase media a los discursos de los extremos políticos, que capitalizaron el
deseo de orden.
Para recuperar viabilidad estratégica, la supervivencia del
centro depende de un giro de 180 grados transitando de la mera moderación
ideológica a la intransigencia en la gestión. Debe erigirse en el bloque
fiscalizador que exija que cada peso público recaudado cuente con un impacto
medible, rompiendo la asimetría que hoy asfixia la productividad del país.
María Teresa Cortés Carrasco
Especialista en Asuntos Públicos y Gestión Territorial


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