ALIANZA DE SUPERVIVENCIA: EFICIENCIA PÚBLICA, MOTOR DE PAZ SOCIAL

 


                                                                                                                Imagen Freepik

Hacer que las cosas pasen es, en su dimensión más profunda, la esencia de la política. Esta premisa adquiere hoy una urgencia vital ante la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional —la denominada Ley Miscelánea—, pues el trasfondo del debate no es administrativo, sino existencial. Debemos ser capaces de elevar la mirada y comprender que no estamos simplemente dirimiendo utilidades o marcos tributarios; estamos resguardando la viabilidad misma del contrato social chileno.

Durante años se ha sostenido la falsa dicotomía de que incentivar la inversión es una concesión al mundo empresarial. Es imperativo superar ese paradigma. La inversión —especialmente en nuestros motores territoriales como la minería, la energía y el desarrollo urbano— es el vehículo fundamental para financiar la paz social y la modernización del Estado. Es en las regiones donde el estancamiento impacta con mayor dureza, y es allí donde la actividad económica se traduce en los hospitales, las escuelas y la conectividad que la ciudadanía legítimamente exige.

Sin una base productiva sólida, el Estado se ve forzado a una gestión de la escasez, donde la política se reduce a un juego de suma cero: lo que se destina a una urgencia social se le arrebata a otra. Este escenario es el caldo de cultivo para el desencuentro y la deslegitimación de nuestras instituciones.

Para que un proyecto de inversión sea exitoso y sostenible, requiere de un Estado igual de eficiente y moderno que su regulado. Aquí es donde la Ley Miscelánea adquiere su verdadera relevancia estratégica: no se trata solo de simplificar trámites, sino de avanzar hacia una simetría institucional. Si nuestras empresas operan con estándares globales y tecnologías de vanguardia, el aparato público no puede responder con lógicas del siglo pasado. La permisología no es un obstáculo privado; es un síntoma de un Estado que, al no procesar la realidad con agilidad, termina comprometiendo su propia fuente de financiamiento.

Estamos, entonces, ante lo que debemos definir como una alianza de supervivencia. Si el engranaje productivo se detiene por normativas que omiten la realidad técnica o regímenes que erosionan la competitividad, lo que ponemos en riesgo no son los balances financieros de las compañías, sino la capacidad del país para cumplir sus promesas hacia las personas.

La modernización del Estado es un proyecto de capital intenso que requiere tecnología, infraestructura avanzada y una base imponible robusta que solo la colaboración pública-privada puede sostener a escala. 

Invito al mundo político a ver en esta Ley Miscelánea, y en las reformas que le sucederán, algo mucho más trascendente que un ajuste técnico. Es el momento de decidir si administraremos el estancamiento o si despejaremos el camino para el motor que financia nuestra estabilidad. La paz social se juega hoy en la agilidad de nuestros procesos y en la visión de largo plazo de nuestras políticas. La eficiencia no es un regalo al sector privado; es, en rigor, un seguro de vida de nuestra democracia.


María Teresa Cortés Carrasco

Ex Directora de RR.PP. CORFO

Diplomada en Gestión de Empresas (DII, U. de Chile)

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