LA TRAMPA DEL 100% EJECUTADO




El sistema de fomento productivo en Chile enfrenta hoy un cuello de botella crítico: la profunda desconexión entre el diseño de la política pública de nivel central y la realidad operativa de las regiones.

En pleno proceso de descentralización, nos encontramos con administraciones regionales que aún carecen de indicadores de desarrollo productivo actualizados. Para destrabar este escenario, la sola voluntad política es insuficiente; se requiere con urgencia una simetría institucional donde el Gobierno Regional, las agencias de desarrollo y el sector empresarial dejen de operar en compartimentos estancos, hablen el mismo lenguaje técnico y compartan una hoja de ruta única.

Esta brecha se hace evidente al contrastar las culturas organizacionales de los mundos público y privado. Mientras la gran industria planifica a 20 o 30 años basándose en indicadores de impacto, análisis de riesgo paramétrico, cartas Gantt y modelos predictivos, los actores territoriales públicos muchas veces toman decisiones basándose en la contingencia política o en presupuestos anuales atomizados, careciendo de herramientas para medir el impacto real a largo plazo de sus decisiones.

En industrias de alta complejidad como la inmobiliaria, minera o energética, un proyecto jamás se evalúa sólo por gastar el presupuesto, sino por su retorno, su mitigación de riesgos y su costo de oportunidad. En tanto, en el mundo municipal y regional chileno predomina el indicador de gestión presupuestario financiero, en el que el éxito se mide de forma lineal según el porcentaje del FNDR ejecutado antes del 31 de diciembre, por sobre el indicador de impacto territorial.

La consecuencia de esta miopía es severa. Un GORE puede pavimentar kilómetros de caminos o subsidiar sedes sociales logrando un 100% de ejecución presupuestaria. Sin embargo, si esa infraestructura no responde a un propósito de alto valor o a objetivos territoriales estratégicos, como por ejemplo, consolidar un nodo logístico, activar una estrategia de retención de la población mayor o asegurar la mitigación de un riesgo hídrico; el impacto final en la productividad y en la calidad de vida de las personas es marginal o ciego.

Para revertir esta ineficiencia y construir la simetría que el desarrollo exige, los GOREs y municipios necesitan transitar hacia la estandarización rigurosa de sus carpetas de inversión. Esto significa exigir que toda iniciativa territorial incluya, desde su origen, una matriz de riesgo compartido y KPIs de impacto socioambiental a largo plazo. Asimismo, es imperativo sustituir la tradicional negociación política de pasillo por mesas técnicas institucionales donde el lenguaje común sea el dato.

El llamado es a no confundir gastar con invertir, y esfuerzo presupuestario con impacto territorial. Si las administraciones locales no miden el retorno social de sus inversiones y regulaciones, la gestión del suelo se vuelve ineficiente, encareciendo la infraestructura pública y arriesgando la continuidad operacional de los sectores productivos que sostienen el crecimiento del país.

María Teresa Cortés Carrasco

Publicista, Diplomada en Gestión de Empresas.


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